La seguridad de los candidatos a puestos de elección popular es el tema que ha acaparado la atención en las campañas de este 2024. Han ocurrido asesinatos, secuestros, desapariciones y agresiones múltiples y las autoridades electorales y gobiernos se justifican y siguen sin hacer un anuncio de medidas ejemplares como asignar escoltas o guardaespaldas, implementar protocolos de seguridad durante los eventos públicos y monitorear las amenazas potenciales a través de inteligencia.
Debe tomarse en cuenta además la existencia de rivalidades políticas, disputas por poder local, diferencias ideológicas, posturas en temas polémicos y la influencia de grupos criminales. De estos últimos, lo que se pretende es defender intereses económicos por medio de actividades ilegales de narcotráfico y extorsión, obtener poder político que les brinde protección, controlar territorios y lavar dinero al destinar recursos a las campañas. El proceso electoral de este año no puede seguir empapándose de sangre o violencia y dar pauta a la coacción del voto e intenciones oscuras con miras a los resultados electorales.
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