La mayoría de casos en la Sala de Asuntos Indígenas son relacionados a la falta de intérpretes
De acuerdo con la magistrada Erika Isela Castillo Vega, integrante de la Sala de Asuntos Indígenas del poder judicial del Estado de México, hay cinco magistrados que la integran, y cada uno de ellos son expertos en diferentes áreas como la penal, civil y familiar, por lo que analizan los asuntos donde están involucrados los derechos de personas o comunidades indígenas para encontrar si hay alguna situación que se esté omitiendo y que se pueda armonizar el derecho a aplicar, es decir el derecho positivo del Estado de México con los usos y costumbres que rodean la interculturalidad.
En ese sentido, de los 10 asuntos que se mantienen en solvencia al interior de la sala, están relacionados a la falta de algún intérprete.
“Y entonces ellos no comprenden qué es lo que se les está imputando, qué eso es lo que se les está demandando, qué es lo que se les está reclamando, y cómo repara la sala, siempre el señor presidente nos ha referido que con un enclave de derechos humanos debemos de ordenar y generar las condiciones, para que esa persona que esté involucrada en esos asuntos en cuestiones penales, sepa y pueda defenderse, y pueda ejercer sus, derechos la mayoría de los de las resoluciones se han realizado en ese tenor”.
De acuerdo con la magistrada, justicia solamente hay una, por lo que en la Sala de Asuntos Indígenas se armoniza el contexto para generar una justicia inclusiva que no tenga que ver con una diferenciación por pertenecer a algún pueblo originario, sino que tenga acceso a la justicia que le corresponde como ciudadano de un pueblo originario, y como parte integrante de la nación mexicana.
Para ello resaltó, que han recibido cursos con la finalidad de adentrarse en esa justicia inclusiva que no están conocida; sobre los principios donde sí tienen aplicación y del protocolo que se tiene elaborado para tocar estos temas dentro de la Sala, para así velar que todos estos principios sean aplicados de acuerdo con la especialidad que tiene cada uno de los magistrados, siempre a través del acercamiento a la información relacionada a los pueblos originarios.
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