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Exhorta GP Morena a PJEM, IEEM y TEEM impulsar austeridad en 2024



La diputada Rosa María Zetina González, al presentar en el pleno, un exhorto al Poder Judicial del Estado de México, al Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral del Estado de México para que se conduzcan con austeridad y rectitud de gasto para el ejercicio 2024, afirmó “en el Grupo Parlamentario de Morena tenemos como vocación el servicio público, el mandar obedeciendo, el acabar con la corrupción y la dispendia de los recursos públicos, de salarios excesivos y el derroche de la alta burocracia”.

En el GP Morena tenemos como vocación el servicio público, el mandar obedeciendo, el acabar con la corrupción y la dispendia de los recursos públicos: Rosa María Zetina

La legisladora de la 4T subrayó, “los tiempos de trasformación de la vida pública del país obligan a realizar lo conducente, desde nuestro ámbito de competencia, por ello, hacemos este llamado al Poder Judicial y a los órganos electorales para que, reconsideren sus posturas en el manejo de los recursos públicos, teniendo como máxima que el dispendio del gobierno ofende al pueblo”.

Expresó en un estado con 49% de población viviendo con al menos un rasgo de pobreza, suele mirarse al Poder Judicial encargado de impartir justicia como el primer injusto de este pueblo mexiquense, es inconcebible que en los últimos 6 años el Estado de México sea la única entidad, solo después de Tlaxcala, en no solo no disminuir la desigualdad sino en acrecentarla.

El Poder Judicial del Estado de México es el segundo poder jurisdiccional con más presupuesto del país, ello no significaría objeto de cuestionamientos, si los recursos asignados fueran para fortalecer la administración e impartición de justicia que mucha falta hace en la entidad, pues datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, nos dicen que 40% de las personas recluidas no cuentan con una sentencia y de esa población recluida casi el 30% ha estado esperando por más de dos años una sentencia.

Por ello, reiteró la diputada de la bancada de la Esperanza, el Poder Judicial debe reconsiderar la remuneración inconstitucional que perciben sus altos funcionarios, los privilegios que representan, además de diversos pagos como, más de 1,200 millones de pesos por remuneraciones adicionales y especiales; 150 millones por otras prestaciones sociales y económicas y 5 millones en alimentos, entre otras más.

Otros de los gastos que duelen a la población mexiquense son los 15 millones en reparación y mantenimiento de materiales de construcción; 32 millones de pesos en el gasto de combustible; vestuario, blancos y artículos deportivos 8 millones de pesos; viáticos por más de 38 millones de pesos; servicios oficiales por más de 15 millones pesos; pensiones y jubilaciones por más de 44 millones de pesos y más de 190 millones en mobiliario nuevos, entre otros rubros.

Destacó “los exhortamos a que reconsideren también una trasformación que sirva para erradicar la consigna que se tiene de ese poder pues lo rodea la cifra popular de que quienes son juzgados son los pobres, los desamparados, los más vulnerables, ayúdenos a mejorar las políticas públicas desde su trinchera”.

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Poder Judicial, al IEEM y al TEEM para que se conduzcan con austeridad y rectitud de gasto para el ejercicio 2024, detalló esta nueva etapa de trasformación que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, por primera vez en la historia en la entidad se da la alternancia política, es un parteaguas y una nueva oportunidad para reconfigurar el camino y consolidar un Estado de Bienestar.

Rosa María Zetina apuntó, ese es el objetivo de la Cuarta Transformación, llevar justicia social a las grandes mayorías con una clara perspectiva posneoliberal. Porque, el régimen neoliberal, lejos de apostar por paliar las desigualdades y la pobreza, se dedicó a profundizarla, con actos de corrupción, una política comercial dirigida hacia el abaratamiento a nivel mundial de los salarios de las y los mexicanos, ocasionando desigualdad, injusticia y pobreza, y convirtieron a la función pública en un entramado institucional para servirse y no para servir al pueblo.

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