“Nada sin los pueblos indígenas, todo con los pueblos indígenas” fue la frase que resumió las propuestas en el Foro Estatal «Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Políticas Públicas y Reforma Institucional», donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, señaló que el reconocimiento jurídico de las comunidades y pueblos originarios es una tarea pendiente porque existe una brecha entre las leyes y su implementación efectiva y continúan enfrentando discriminación, exclusión y despojo de sus tierras, recursos y derechos fundamentales.
En el foro realizado en coordinación con el Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México en el que participaron jefes supremos mexiquenses y representantes de personas afromexiquenses, García Morón destacó que en nuestro país hay 68 pueblos originarios, con más de 364 lenguas indígenas y 23.2 millones de personas se identifican como indígenas, lo que representa el 19.4% de la población mexicana.
Tras referir diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas y la pobreza en la que vive uno de cada 4 personas de esos pueblos, afirmó que no se ha saldado la deuda histórica y un elemento esencial que debe atender el Estado Mexicano y el Estado Mexiquense es el acceso efectivo y pleno a la justicia en sus dos dimensiones fundamentales: la primera, a través de sistemas tradicionales o jurisdicción indígena, que permita resolver conflictos sociales en sus territorios ancestrales, respetando los principios del debido proceso y el derecho a una defensa, como lo conocen sus normas internas como leyes nacionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
El segundo desafío es el acceso a la justicia desde el punto de vista formal, que requiere garantizar derechos específicos como una defensa adecuada que incluya intérpretes, traductores, peritos y abogados especializados.
Recordó que posiblemente en 2027 se tendrá la consolidación de la Reforma de Justicia en el Estado de México, por tanto, un desafío para la próxima Legislatura, es contar con mediadores defensores públicos que integren las estructuras administrativas institucionales, notarias y notarios, juezas y jueces, magistradas y magistrados, con convocatorias específicas para personas de pueblos y comunidades indígenas.
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