De acuerdo con la auditoria superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), Miroslava Carrillo Martínez, en las mesas de análisis del Informe de la Cuenta Pública 2022, se han encontrado con dudas en los diputados sobre diferenciar una auditoría y sus alcances, además de su interés en los servidores públicos favorecidos con el Salario Rosa.
“Todavía persiste la cuestión de que puedan diferenciar lo que es una Auditoria o qué alcance tiene una Auditoria de Cumplimiento Financiero o una recomendación que otra área loa hace o una revisión de gabinete. Pero hoy como escucharon, hicieron referencia a este tema de los programas sociales, si es que hubo personas servidoras publicas beneficiadas en los municipios o en el estado; El informe refiere que sí”.
Sobre si hay algún orden de servidores y mandos medios o superiores reiteró que no, pero al ser servidores públicos, entonces tienen un empleo formal, y las reglas de operación refieren en uno de los requisitos no tener empleo para acceder al programa; “Son alrededor de 2 mil 600 personas servidoras públicas”.
“No es un robo, hasta ahorita no me toca evaluarlo, hasta ahorita es algo indebido al no cumplir la propia regla de operación”.
Sin embargo, recalcó que todavía viene un proceso largo, “Tengo que hacer énfasis en que todavía viene un proceso largo, ya que se culminó la etapa de auditoria, pero inicia una igual de especializada que es la etapa de aclaración, y la Unidad de Seguimiento tiene 120 días pata emitir un informe de solventación, solventación parcial, o no solventación; y después turnar ese expediente al área de Investigación del Osfem y hasta entonces que se hagan las investigaciones ya podemos saber los nombres de las personas servidoras públicas, pero todavía nos falta un buen camino, son varios meses, alrededor de 9 meses o 10”.
Respecto a las sanciones, pueden ser acreedores a ellas, de entrada el servidor público que permitió o dio de alta al otro servidor público en el programa social, ya que no debería permitir tal situación, y sería la Contraloría Interna quien deba aplicarles la sanción.
Ahí las sanciones van desde una amonestación hasta la inhabilitación, por lo que la auditoria superior refirió que existe una área de oportunidad porque los Órganos de Control Interno han quedado a deber, ya que se abstienen de aplicar la sanción o archivan el asunto en menos de dos días, por lo que no se trata de reformar leyes, es más bien, de vocación de servicio.
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