El tema principal del debate de ayer domingo tuvo que ver con la seguridad y si bien es importante conocer y determinar la viabilidad de las propuestas en el ramo por parte de los candidatos a la presidencia, tenemos que decir que la inseguridad pública en México es un problema arraigado. Desde hace décadas, el país ha enfrentado altos índices de delincuencia, que van desde el crimen organizado hasta delitos comunes como robos y extorsiones. Esta realidad ha generado decenas de miles de muertes, heridos y daños colaterales, así como la percepción de inseguridad entre la población, que a menudo se siente vulnerable y desprotegida; en las calles sigue habiendo preocupación y esto socava la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
La situación es la misma no obstante los cambios de gobierno y las alternancias políticas llevando a una creciente frustración de la capacidad, conocimiento y determinación del gobierno para garantizar la seguridad y bienestar. En ello, están las promesas de mejora con la implementación de estrategias de despliegue de fuerzas armadas y expansión de los programas sociales, pues no hay avances significativos. A nivel internacional la referencia a México es por sus índices de violencia y delincuencia o narcotráfico, secuestros y asesinatos, lo que contribuye a reforzar la imagen de México como un país peligroso. Cabe agregar los informes de organismos internacionales, como el Índice Global de Paz, que suele colocar al país en posiciones desfavorables y a las advertencias de viaje emitidas por gobiernos extranjeros a ciertas áreas consideradas de alto riesgo. La complejidad y gravedad de la situación de inseguridad en México demanda una respuesta decidida y enérgica que vaya más allá de medidas superficiales.
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