60 años de prisión a cuatro responsables de secuestro
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó pruebas contra Tomás Arrieta Páez, Mauricio Espinoza Díaz, Maribel García Reynoso y María Analy Mercado González, por el delito de secuestro, ilícito por el que la Autoridad Judicial les dictó sentencia de condena de 60 años de prisión.
Las pesquisas de esta Institución permitieron establecer que el 17 de abril del año 2020 la víctima fue privada de la libertad al acudir a visitar a una persona en el Barrio Cesteros del municipio de Chimalhuacán; cuatro personas quienes viajaban a bordo de una camioneta le cerraron el pasó y la amagaron con armas de fuego para posteriormente someterla y subirla por la fuerza al asiento trasero de dicho vehículo.
Horas más tarde los implicados se comunicaron con los familiares de esta persona a quienes exigieron una suma económica a cambio de liberarlo.
La Fiscalía estatal recibió la denuncia de la familia y de inmediato se dispuso un equipo especializado en manejo de crisis, negociación e investigación, para llevar a cabo la indagatoria que permitiera la identificación y detención de los responsables, así como el rescate de la víctima.
Con el trabajo realizado fue posible identificar un vehículo tipo Derby el cual al parecer había sido utilizado por los involucrados para trasladarse por calles de este municipio; con estos datos fue desplegado un operativo en la región oriente de la entidad. Este automóvil fue ubicado en las inmediaciones del Centro Cultural Mexiquense de Texcoco y elementos policiacos le dieron seguimiento hasta una vivienda ubicada en la calle Porfirio Díaz, del Barrio San Isidro en Chimalhuacán, donde fueron detenidos los implicados.
En el inmueble no fue hallada la víctima, no obstante, ésta fue localizada por elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán en una zona cercana.
Los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Representante Social, quien integró la investigación correspondiente y luego los remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción de Nezahualcóyotl, autoridad que, tras proceso legal, les dictó esta sentencia.
Además de la pena privativa de libertad, deberán pagar multa de 434 mil 400 pesos y la cantidad de 223 mil 500 pesos como reparación de daño material, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.