La Sociedad Organizada de la Ciudad de Toluca avanza para echar atrás el programa de parquímetros virtuales instalados desde hace un año como una medida recaudatoria y sin el consenso de la población que se ha visto afectada por la misma.
Uno de los puntos básicos para evitar que ésta pueda seguir operando, es que fue implementado de manera ilegal, toda vez que no se cuenta con el acuerdo de cabildo que permita la contratación de servicios y la asignación de licitación directas como se aplicó con esta medida, otro los puntos que ha sido señalado que al momento no se tiene información de cuánto la administración municipal, por concepto de multas y pago de cajones, ni tampoco el destino dicho recurso.
En conferencia de prensa un grupo de 12 colonias afectadas, acompañadas por el Regidor Mario Cardoso, hicieron un tornado al presidente municipal, Juan Maccise para que la política sea suspendida en tanto se define la condición legal de la misma, así como el seguimiento a los funcionarios que la aplicaron de manera irregular.
“No se visualiza la aplicación extraordinaria de recursos ni en las zonas donde operan estos parquímetros ni mucho menos en la Ciudad pero cuando hemos preguntado donde están esos recursos se nos ha contestado que el ayuntamiento no está obligado a informar donde se aplican esos recursos”
El Tribunal se Justicia Administrativa del Estado de México citó a la administración municipal de Toluca con el fin de dar transparencia al programa por falta de transparencia en la Implementación de la política pública en temas como el contrato, la licitación que en este caso se dio de manera directa, el estudio de socialización y la ejecución de los recursos, con lo que se podría echar atrás el programa completo.
La expectativa es que en el próximo mes de febrero se dé una resolución final sobre la implementación de esta medida y que esta pudiera ser suspendida de manera permanente, sin embargo, la solicitud ciudadana es que esta deje de operar durante los próximos 40 días.
Otra de los puntos que será analizado es que las boletas que se emiten como infracción por el uso del espacio público, no cuentan con el fundamento legal de existencia, por lo cual incluso los recursos que han sido cobrados hasta el momento podrían ser demandados por los ciudadanos en devolución al no contar con sustento jurídico que los avale.
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