“Ficha Roja” y Alerta Migratoria por posible huida del país de Raymundo Martínez Carbajal
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha obtenido una orden de aprehensión del Juez de Control Especializado en Línea contra Raymundo «N», quien es objeto de investigación por su presunta participación en el delito de secuestro exprés. Los hechos ocurrieron el 12 de abril pasado, afectando a O.E.R.C., un servidor público del Ayuntamiento de Toluca.
Con el respaldo de fuerzas federales, la Fiscalía mexiquense ha desplegado acciones operativas simultáneas en Toluca y municipios colindantes para ejecutar la orden de aprehensión contra Raymundo «N». Cabe destacar que este individuo también ocupa el cargo de presidente municipal de la capital del estado.
El episodio se originó cuando, por indicaciones de Raymundo «N», policías municipales ingresaron sin mandamiento judicial a las oficinas de O.E.R.C. El servidor público fue privado de su libertad y trasladado a la Oficialía Calificadora municipal. La investigación, desarrollada con perspectiva de género, ha revelado la presunta participación del investigado, quien amenazó a la hija de la víctima para exigir la devolución de documentos personales.
Los hechos, posiblemente constitutivos de secuestro exprés en modalidad de extorsión, llevaron a la solicitud de la orden de aprehensión contra Raymundo «N» y seis personas más, sin descartar posibles responsabilidades en otros delitos. A pesar de los esfuerzos operativos, Raymundo «N» se considera sustraído de la acción de la justicia, lo que puede acarrear consecuencias legales para quienes le brinden refugio u ocultamiento.
Adicionalmente, se emitió una «Ficha Roja» y una Alerta Migratoria para prevenir la posible salida del país del investigado. La Fiscalía mexiquense continúa con acciones operativas e investigativas para ubicar y aprehender a Raymundo «N» y los demás involucrados. Se reitera que se les debe considerar inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra.
Es relevante destacar que la presunta participación de Raymundo «N» se agrava por el allanamiento sin justificación a las oficinas de la víctima, quien tenía parentesco con el investigado. La penalidad estipulada para este delito, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, va de 40 a 80 años de prisión, y podría aumentar en 10 años por el agravante del allanamiento.
La Fiscalía mexiquense insta a la colaboración ciudadana para proporcionar información que facilite la ubicación y detención de los investigados, subrayando la importancia de actuar conforme a la legalidad y respetando los derechos de las personas involucradas.
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