Hablando de delincuencia en México, un delito que ha cobrado relevancia en la mayoría de los estados es la extorsión, que malamente se hace llamar ”derecho de piso”. Esto es, el pago de una tarifa o cuota a los grupos criminales para evitarse daños a las instalaciones de los negocios o a su integridad física como dueños. De esta manera, el o los delincuentes se convierten simultáneamente en protectores.
Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, lo que se tiene que pagar impacta hasta en 80 por ciento de las ventas de algunos comercios y, los afectados, en su mayoría, no hacen denuncia por temor a represalias y, al mismo tiempo, porque suponen que las autoridades están coludidas, no pueden hacer o no harán nada.
Sin embargo, el Código Penal Federal establece en su artículo 390 que se castigará de dos a ocho años de prisión, y cuarenta a sesenta días de multa, a quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un prejuicio patrimonial.
La extorsión a comercios está presente en Toluca y el estado de México, las cifras son inexactas y los afectados son comercios que no imaginamos pero de acceso cotidiano y es que el silencio es la constante. Los comerciantes viven con temor, zozobra y frustración. El cobro de derecho de piso está perjudicando el patrimonio, libertad y seguridad de los comerciantes. Y lo que más se sabe es que las autoridades describen cómo tiene lugar la extorsión y qué contestar; también hablan de denunciar pero no de cómo han perseguido y sancionado ejemplarmente si bien un buen comienzo fue el fin de semana en que de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se anunció el aseguramiento de bienes por 440 millones de pesos a extorsionadores de polleros.
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