El Estado de México se ubicó nuevamente en la posición 21 a nivel nacional en el índice de competitividad medido por el Instituto Mexicano para la Ccompetitividad (IMCO) en el cual se evalúan las 32 entidades federativas, de acuerdo al clima de negocios, certeza jurídica, de gobernabilidad y seguridad que se ofrece para el desarrollo de actividades productivas.
Entre los puntos en los cuales la entidad estuvo peor evaluada, fue en percepción de inseguridad, calidad en el desarrollo de la infraestructura, Mejora Regulatoria infraestructura en materia de salud y acceso a servicios médicos así como el número de notarios disponibles para la atención de diferentes procesos administrativos, Además, de temas relacionados con Seguridad como son el número de homicidios por cada mil habitantes, el robo de vehículos en la percepción de inseguridad, espacio en el cual entidad se ubicó en la posición 28 de 32 entidades.
Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que se necesita agilizar el desarrollo de políticas públicas que reviertan esta situación, cosa que se ha hecho posible en otras entidades como el Estado de Querétaro, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán que revirtieron la posición que tuvieron el año anterior en varias posiciones a partir del actuar de las autoridades.Una condición lamentable es que en el último año solo se vio avance en dos posiciones en lo que refiere al mercado de trabajo.
El ICE evalúa más de 50 indicadores distintos, haciendo énfasis en las condiciones que se requieren para la apertura de nuevas unidades económicas, así como el desarrollo integral de los colaboradores.
Algunos de los puntos significativos que marca el estudio sobre las condiciones del territorio mexiquense son un índice de informalidad sostenido del 57% de la población, el 1.9% de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar, el 31% de la población que trabaja más de 48 horas por semana, el 16.3% de brecha de ingresos entre hombres y mujeres y el 87% de la población que considera un incremento en el índice de corrupción a nivel estatal.
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