Diputados inician análisis de iniciativas sobre el incremento al impuesto predial de los municipios
En reunión de las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal; de Planeación y Gasto Público; y Finanzas Públicas; en la Cámara de Diputados, se inició el análisis de tablas de valores de suelo y construcción, es decir, las iniciativas donde los ayuntamientos soliciten incremento al impuesto predial.
Las propuestas se dividieron en tres categorías: 111 municipios con ajustes entre el 0.01% y el 10%, 12 municipios que requieren ratificación de valores, y 2 municipios con ajustes del 10.01% al 20% que aún necesitan respaldo técnico, por lo que se revisaron en una primera reunión las primeras propuestas de 111 municipios.
Durante la sesión, destacó el caso del municipio de Hueypoxtla, donde se solicitó un incremento del 10% sin sustento, recomendando ratificar los valores previos y no realizar el incremento. Mientras que en el caso de la capital mexiquense, Toluca, se aprobó un incremento del 4.52% respaldado en el Cabildo y menor a la inflación.
En su oportunidad, Alejandro Gumler Vieyra encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem), subrayó la necesidad de que los funcionarios catastrales de los municipios estén certificados en normas de acuerdo con el artículo 169 del Código Financiero estatal, asegurando una adecuada gestión del Catastro.
Destacó la falta de digitalización en el catastro municipal, pues solo 20 municipios tienen más del 50% de sus predios representados digitalmente. Mientras que, la Secretaría de Finanzas, a la que está supeditada el Instituto, informó que pretende la modernización del catastro municipal, por lo que pretende capacitar a las nuevas autoridades desde noviembre, en coordinación con otros institutos estatales para optimizar la recaudación.
Cabe señalar, que el proceso de actualización catastral otorga a los municipios la facultad de proponer valores de suelo y construcción, y establece que los ciudadanos deben contribuir con impuestos sobre la propiedad para mantener los servicios públicos. Las tablas de valores se publican en la Gaceta de Gobierno a fin de año y son aplicadas desde el 1 de enero siguiente.
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