La sabiduría popular dice que “el que con niños se acuesta, amanece mojado”. O “el que con niños se acuesta, que con su pan se lo coma”. Variantes de un refrán popular que significa simple y llanamente que hay que atenerse a las consecuencias de los actos.
Otro refrán popular advierte que “el que se mete a redentor, sale crucificado”. Y aunque no necesariamente las consecuencias de un acto pueden ser tan graves, las admoniciones contenidas en la sabiduría popular son clarísimas. Y han venido a mi memoria por el hecho de que el aspirante a la alcaldía de Amanalco de Becerra, Arturo Lara, ha sido víctima de un ataque y herido de bala.
El arriba firmante no pretende justificar el hecho con alusiones al refranero mexicano, simplemente señala que existen riesgos inherentes a la actividad política en la actualidad. Lamentablemente la violencia y el crimen organizado se han mezclado en la vida política. Si cualquier tipo de violencia es condenable, ahora más tratándose del ámbito político en el que la competencia está corrompida por las bandas criminales, que por fuerza de la violencia —o del dinero— quieren incidir en la designación de candidaturas o inclinar la balanza en favor de alguna persona.
El solo hecho de ser candidato o candidata a un puesto de elección popular puede significar un riesgo personal. Ya lo era en el pasado, y ahora es un riesgo mayor porque los grupos criminales han crecido —los han dejado crecer— de modo que su descaro es cada vez mayor.
Apenas este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la cifra de candidatos que cuentan con protección del gobierno federal se elevó a 360. Se trata de 110 candidatos más en la última semana, en medio de unas campañas electorales que han dejado decenas de asesinatos vinculados a la actividad pública.
En el caso del Estado de México la amenaza se cierne sobre la vida pública y las campañas electorales. Los partidos y los políticos no desconocen el riesgo —saben que si se acuestan con niños, pueden amanecer mojados—, pero eso no justifica el peligro y mucho menos la intimidación.
Tristemente, hay un escenario en descomposición. Las bandas criminales territoriales son una parte significativa del problema, expresión de un problema de gobernanza que surge y se apodera, en los hechos, de aquellas regiones donde el control gubernamental es endeble. Esos grupos criminales erosionan a la democracia al hacer pensar que tienen la capacidad de quitar y poner candidatos o candidatas, de influir en las decisiones de políticos y partidos —que lo hacen, cuando hay debilidad manifiesta—. Y hasta obligan al ciudadano a cuestionarse la capacidad de los gobiernos para brindar protección. En caso extremos, hasta conducen a las personas a mostrarse dispuestas a ceder sus derechos a cambio de seguridad.
Y el impacto que esto puede tener en la competencia política es solo una parte del problema, porque es más grave el costo que tienen en la confianza, la productividad, la inversión y el desarrollo. Por eso, un solo hecho como el ocurrido en Amanalco no debe quedar en la impunidad. Sentaría un mal precedente para una competencia que apenas comienza y para una entidad que sí tiene problemas de seguridad, pero el control sigue en manos del Estado.
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