Los diputados federales deben tener una buena razón o, lo que es lo mismo, un as bajo la manga, al decidir aprobar un presupuesto para 2024 que no incluye una partida fija para atender los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Y ese as debe ser que se sienten confiados en que se logrará utilizar los recursos de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sobre los que se acaba de ganar un amparo.
De lo contrario, los legisladores y el gobierno federal estarán en riesgo de recibir nuevas críticas y bajo o nulo apoyo político de parte de los guerrerenses para las elecciones del próximo año, así como de los mexicanos que ven ilógico no destinar recursos a la reconstrucción del puerto o que sienten empatía por los muertos, los damnificados y el desastre. También se haría visible la incongruencia moral de los legisladores y gobierno de la república por Acapulco.
Hasta hoy lo que se lee, oye y ve del entrañable destino turístico sigue siendo falta de agua potable, de luz, alimentos, y casas, abundante basura, al igual que daños a la vegetación, rompimientos, derrumbamientos, tragedia. La postura de los legisladores federales es inexplicable a simple vista pero su error puede traerles un gran costo político o pérdida de apoyo popular y de decencia.
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