SEGURIDAD

Condenan a 40 años en prisión a mujer por extorsión en Teoloyucan



Una mujer identificada como Alma Delia Abigail Baltazar Castillo fue condenada a 40 años de prisión, luego de que un Juez determinará su participación en el delito de extorsión en agravio de otra mujer, hechos ocurridos en el municipio de Teoloyucan en el mes de abril del 2023.

La víctima denunció que en abril de 2023, la hoy sentenciada, acudió a su domicilio en compañía de dos masculinos quienes la habrían amenazado con un arma de fuego (Foto: Especial).

De acuerdo con diversas notas publicadas en medios de comunicación, en la que se refieren a este caso “como una sentencia en contra de una mujer acusada por extorsión luego de insistir en el pago de una tanda a una vecina”, se precisa que, esta Representación Social acreditó ante la autoridad judicial, a través de elementos de prueba, la responsabilidad de Alma Delia Abigail Baltazar Castillo en la comisión del hecho delictivo de extorsión.

La víctima denunció ante esta fiscalía, que el pasado mes de abril del año 2023, la hoy sentenciada acudió a su domicilio ubicado en el municipio de Teoloyucan en compañía de dos masculinos de identidad desconocida, quienes la habrían amenazado con un arma de fuego para exigirle la entrega semanal de dos mil pesos, así como una cantidad diaria de 500 pesos a cambio de no hacerle daño.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público llevó a cabo actos de investigación con los que estableció la posible participación de Alma Delia en este hecho delictivo, por lo que solicitó ante la Autoridad Judicial orden de aprehensión, mandamiento que fue otorgado y elementos de la Policía de Investigación lograron cumplimentar.

Una vez capturada, la investigada fue puesta a disposición de la Autoridad Jurisdiccional, quien luego de un proceso legal, determinó la existencia de este hecho delictivo y su intervención en el mismo, por lo que fue sentenciada a 40 años de prisión, así como a pagar una multa de 72 mil 618 pesos, el pago de la reparación del daño en favor de la víctima y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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